Un gobierno, cualquiera fuera el signo político que tuviera, tiene que fijar determinadas prioridades en su gestión. Es más, podría decirse que, más allá de las declamaciones, de las posturas, de las etiquetas, son esas prioridades, precisamente, las que en definitiva van a delinear su verdadero signo político. Un gobierno podrá presentarse ante el mundo como progresista, conservador, de izquierda, de centro, de derecha o de la manera que más le guste, pero serán las prioridades que fije en su gestión las que les pondrá el sello para la posteridad.
En estos tiempos de pandemia, prácticamente todos los gobiernos debieron dejar de lado parte de sus prioridades para hacerle frente a una emergencia inédita. Es así que todos aumentaron su gasto para llevar adelante diferentes medidas políticas de prevención sanitaria y de asistencia social y económica.
Y ahí, en ese aspecto, es que comienzan los planteos, porque no todo gasto es válido o inválido en sí mismo. Mucho más en países como la Argentina donde los recursos son escasos y las condiciones sociales muestras deterioros inocultables desde hace décadas, con graves deficiencias en materia de salud y un entramado económico con una alta participación de la informalidad o el trabajo en negro.
La Argentina ingresó a la pandemia con varios puntos en contra que sería interminable enumerar. Pero entre los más destacados, en cuanto a asignación de prioridades y recursos públicos se refiere, está una serie de subsidios que no distingue entre quienes los necesitan y quienes no. Hace años que escuchamos -sin que se hayan solucionado el problema- que se subsidia casi por igual a quienes están debajo de la línea de pobreza y al que disfruta de gas y electricidad sin inconvenientes para pagarlos.
Y así estamos desde hace más de un año, congelando las tarifas de servicios públicos tanto para el habitante de Soldati como para el de Puerto Madero, como si ambos necesitaran los subsidios por igual.
Si ese tratamiento es injusto en tiempos “normales” (si es que hubo alguna vez normalidad en la Argentina) lo es mucho más en medio de esta pandemia que, no hace falta aclararlo, no castiga de la misma manera a pobres y a ricos.
Sin embargo, este sábado, en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, se dio a conocer una nueva modificación al Presupuesto -la decimotercera en lo que va del año- que aumenta los subsidios a la electricidad en casi $14.000 millones. Con esa suma, en menos de siete meses de 2020 los subsidios a la electricidad superan los $100.000 millones, sin discriminar entre los usuarios que realmente necesitan que los asistan y aquellos que pueden -y deben- pagar el costo completo del servicio que consumen.
Cien mil millones de pesos no es poca cosa en una Argentina que está juntando monedas. Y si para muestra vale un botón, esa plata es más que todo lo que se distribuyó en asistencia del programa ATP para pagar sueldos en aquellas empresas que debieron cerrar por la cuarentena. Y casi lo mismo que lo que se pagó hasta ahora por el Ingreso Familiar por Emergencia.
Más allá de las etiquetas que cada cual quiera poner a los gobiernos de turno, son las prioridades que fija cada uno de ellos las que determinan su perfil. Y si la imagen que nos devuelve el espejo no es la que nos hubiera gustado ver, el problema no es del espejo.
foto crédito télam
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