Los poderes del estado y sus límites difuminados- Por Luis Tarullo-

La independencia de los poderes del Estado en la Argentina es hoy casi una utopía. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están con sus límites difuminados por obra y gracia de sus propios representantes. 

Y en ese panorama desde hace años hicieron carrera dos definiciones que son caras de una misma moneda: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. 

En ese maremágnum están inmersos desde el más remoto concejal o u otros funcionarios hasta la propia Corte Suprema de Justicia. 

Para poner ejemplos concretos, una síntesis actual de esa realidad son los casos de los cuestionamientos a la cuarentena por el coronavirus y del tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por parte del Senado. 

 Los tribunales se abarrotan de recursos de amparo contra las medidas dispuestas por los diversos gobiernos debido a la pandemia, mientras a la Corte los camaristas le pidieron un “per saltum” para que ordene que no sean removidos. 

Como contrapartida, el poder político –ejecutivo y legislativo- apunta a los tribunales y en muchos casos específicamente a jueces en particular y así se provoca una cinchada que, también en no pocas ocasiones, termina neutralizando hasta las mejores intenciones. 

Y entonces se produce no solo un dispendio de esfuerzo y recursos, sino una frustración generalizada signada por el “nada cambia”, cuyas consecuencias negativas las sufre la sociedad de a pie, o sea la mayoría de los ciudadanos. 

En el medio aparecen los condimentos de los privilegios, como por ejemplo la exención del pago de Ganancias para algunos sectores y beneficios adicionales que llegan hasta cuestiones tan básicas como el impune e irritante “libre estacionamiento”. 

Así, la reforma judicial promovida por el Gobierno nacional puede quedar trabada no solo por los tironeos propios del Congreso, sino porque indudablemente los tribunales van a tener que afrontar la resolución de cuestionamientos que se planteen en ese territorio. 

Quizás tenga luz verde parlamentaria definitiva en algún momento la primera parte de la reforma, que básicamente tiene como eje la creación de nuevos juzgados y la fusión de fueros. Pero la gran incógnita está centrada en el momento del tratamiento de los cambios en la Corte y en el Consejo de la Magistratura. 

Encima, aderezado por el hecho de que si hay planteos judiciales que avancen en las diversas instancias, la propia Corte se verá en la paradoja/encrucijada de tener que resolver sobre sí misma. 

Podría especularse a priori con que los jueces supremos deberían excusarse y apelar a mecanismos tradicionales, como el hecho de que no resuelven cuando no hay sentencia definitiva, pero también el propio Alto Tribunal ha generado con sus fallos antecedentes en otras instancias, posiblemente aplicables a él mismo. 

Obviamente falta recorrer un trecho importante hasta llegar a ese punto, pero, como en el ajedrez, hay que ir previendo las futuras jugadas, acometiendo la difícil tarea de interpretar el pensamiento de quien está del otro lado del tablero. Además, poniendo en la balanza el hecho de que los jueces de la Corte suelen ser mejores “tiempistas” que los políticos a la hora de adecuarse o confrontar con los vientos que vienen de ese lado. 

Pero entretanto, observando el bosque por sobre el árbol, lo concreto es que costará borrar el paradigma de la judicialización de la política (y viceversa) y todos permanecen, fatídicamente, con esencias y límites difuminados. 

Crédito imagen SideShare

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