El Poder Ejecutivo envió los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación-Por Carlos Mariscal-

GÓMEZ ALCORTA: “TENEMOS EL COMPROMISO DE CONSTRUIR UN ESTADO PRESENTE, QUE ACOMPAÑE A TODAS LAS MUJERES Y LES GARANTICE EL ACCESO A LA SALUD”

Este martes, tras el envío de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que *hay un compromiso político por parte del gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud*. 

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y *promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral*. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que *la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos* pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.

*Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras*. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura. Desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”, explicó. 

“*Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad*. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares”, señaló la ministra. 

Y agregó: “*Frente a un problema serio de salud pública* la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que *debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud*”.

La ministra también señaló que *las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse*. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.

Según explicó Gómez Alcorta, *la legalización también tiene un efecto directo en el uso eficiente de los recursos públicos* ya que permitiría disminuir los gastos derivados de las internaciones generadas por abortos inseguros y los tratamientos por las complicaciones derivadas de ellos. 

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “*es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo*. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.

“Es importante comprender que se trata de una *obligación del Estado que debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a todas las mujeres*. Y nadie estará obligado a hacer algo que no quiere. La responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras. Y que las mujeres que tengan dificultades económicas puedan llevar adelante sus embarazos, para lo que debemos poner en marcha políticas públicas que garanticen condiciones de salud integral durante esa etapa y en los primeros 3 años de vida de sus hijos/as.”  

En el mundo, mueren 23.000 mujeres al año como consecuencia de abortos inseguros. En Argentina, los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna y se calcula que se hacen entre 350.000 y 522.000 por año. Por esos abortos, se hospitalizan cerca de 40.000 mujeres. *Todas las muertes por aborto son evitables*.

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