JUSTICIA PARA TODOS-Por Luis Tarullo.

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Acompaña a Luis Tarullo:

Municipio Pilar

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El Consejo Consultivo para la Reforma Judicial finalmente entregó su paquete de sugerencias al presidente Alberto Fernández y se reactivó la esperanza oficial de que el tema sea tratado en algún momento del año que viene.

Un año que puede ser un obstáculo para iniciativas que demanden debates profundos y ásperos, ya que todos los sentidos de la política estarán puestos en los comicios legislativos y en el futuro de las PASO y otros mecanismos electorales. Tanto es así, que no hay proyecto de reforma judicial concreto incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que fueron dispuestas hasta el 28 de febrero, un día antes del comienzo, nuevamente, de las sesiones ordinarias.

La propuesta de la llamada “Comisión Beraldi” (por el apellido del abogado de la expresidenta Cristina Kirchner) contiene una serie de cuestiones generales y previsibles sobre el punto más ríspido en cualquier reforma que se pretenda tal: la Corte Suprema. Mucho se habla siempre del máximo tribunal, sobre todo en su composición numérica, pero en este caso solo un consejero propuso el aumento de la cantidad de miembros y el resto hizo mutis por el foro. Se menciona la paridad de género en su integración, un concepto federal sobre sus miembros (o sea su proveniencia, aunque en la Corte actual hay una diversidad geográfica de los jueces), el respeto irrestricto al límite de edad de 75 años para permanecer en el tribunal, plazos razonables para las resoluciones y acotamiento del uso de los recursos para demandar la intervención y los fallos de los ministros. Un manual de buenos y previsibles consejos, pero que, encima, como para extender la expectativa, no son vinculantes, como se aclaró desde el comienzo.

La propuesta contempla algunas cosas más concretas, como un aumento en la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura (ninguna garantía de imparcialidad), la federalización de los juicios por jurados, límites para la Oficina Anticorrupción y más protagonismo para la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (la exFiscalía) y el mantenimiento de la autarquía de la Unidad de Información Financiera. Hay un punto que casi está “cocinado” en el Congreso y para el cual la comisión hace una propuesta que no se mueve una coma de lo ya impuesto, además de llegar a posteriori su tratamiento parlamentario: el Ministerio Público Fiscal/Procuración General.

En un segmento de las casi 1.000 páginas del informe se confirma el cambio en las mayorías para elegir al nuevo jefe de los fiscales, el límite de reelecciones de ese funcionario, la generalización del sistema acusatorio y la creación de una Policía Judicial específica para el área. Sin embargo, este punto puede considerarse testimonial o directamente abstracto, ya que, como se ha dicho, está definido en el Congreso y entonces una vez más hubo una resolución política.

Esto hace acordar a cómo actúa muchas veces la Corte: resuelve cuando el “trabajo sucio” se hizo en los otros poderes. Lo que no pueden despejar estas propuestas son las dudas en torno a si la justicia será más eficiente, pero, ante todo, si será independiente. La fría palabra que describe las reformas propuestas puede hacer percibir que se ese objetivo podría estar al alcance de la mano, pero en realidad el panorama sigue presentando nubarrones. Dé lo escrito, lo leído y lo dicho y escuchado no se desprende con claridad que la política deje de marcar sus huellas en el terreno judicial, más allá de cualquier color partidario. Y no es novedad que varios gobiernos vienen dejando un déficit en lo que realmente tiene que trabajar a fondo la política con consensos plenos: leyes que efectivamente signifiquen cambios. Sin ir más lejos, y en un tema de lamentable actualidad, las leyes penales juveniles. Pero, en definitiva, y más allá de enunciados y buenas intenciones, y ante también evidentes datos que hablan de iniquidad, debe imponerse la garantía inalterable de que de una vez por todas haya justicia para todos.

Crédito Imagen Portada El Economista

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