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“Se han exacerbado las desigualdades y las situaciones de pobreza que están perpetuando formas de convivencias injustas, por falta de opciones para el desarrollo, punto de partida de cualquier aspiración a establecer una agenda que ponga en el centro a las personas”. Así se manifestó el ministro de Trabajo argentino, Claudio Moroni, en la apertura de la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) a la que asisten los representantes de los gobiernos, los sindicatos y los empleadores de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Ginebra, Suiza.
Moroni afirmó además que “llevar a la práctica la ‘nueva normalidad’ que tanto pregonamos, colocando a la persona en el centro de nuestras preocupaciones, requiere concretar, de manera urgente, políticas inclusivas y un sistema de normas y acuerdos internacionales que impulsen el crecimiento con una distribución equitativa de su resultado”. Sosteniendo el discurso gubernamental enarbolado durante gran parte de las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa con el FMI, el ministro laboral sostuvo que “no es aceptable que la arquitectura financiera internacional sea la que marque los desequilibrios y no acompañe a la economía real”. “Debemos poner fin a esta situación injusta.
Resulta imprescindible que los créditos internacionales apoyen los procesos de desarrollo a los que me referí anteriormente. Crecimiento sostenible y distribución equitativa son conceptos que merecen ser repetidos aun cuando la correcta retórica del discurso se vea afectada”, abundó, recreando los conceptos vertidos por el elenco de funcionarios encabezado por el presidente Alberto Fernández desde el comienzo de las tratativas con el FMI.
Y aseveró que “no es posible seguir sosteniendo recetas económicas que condicionan la dignidad de las personas y condenan a aquellas familias que se encuentran más necesitadas.” “Con este espíritu de búsqueda de realizaciones, de hechos, debemos abordar los temas que tratará esta Conferencia, de impostergable consideración para cualquier modelo de desarrollo, como es la incorporación de la Seguridad y de la Salud en el trabajo como derecho fundamental, porque hace a nuestra ciudadanía laboral. También las formas de aprendizaje, para un mundo cada vez más competitivo y demandante, de una fuerza laboral adaptada a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de producción solidarias, que incorporen condiciones de trabajo dignas para dar respuesta a las crecientes demandas de nuestros empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores”, completó.
Este nuevo encuentro de la OIT se realiza a pocos días de haber concluido la Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en Durban, Sudáfrica. Allí se analizó la búsqueda de medidas inmediatas para “asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”. Según la OIT, unos 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, y en la región de África subsahariana se concentra la mayor cantidad. Hubo un llamado especial a “aumentar sustancialmente la financiación a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), los presupuestos nacionales y las contribuciones del sector privado” para eliminar el trabajo infantil y sus causas fundamentales.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirma que aproximadamente 12 % de los niños de entre 5 y 14 años trabajan, lo que implica altos costos y riesgos para su infancia, su educación y su futuro. De los 160 millones de niños que trabajan en todo el mundo, más de la mitad se encuentra en el África subsahariana; 53 millones no están escolarizados, lo que supone 28 % de entre 5 y 11 años, y otro 35 % de entre 12 y 14 años, según las estimaciones mundiales más recientes sobre el trabajo infantil realizadas por OIT y Unicef. Hay trabajo en régimen de servidumbre, como servidumbre doméstica; niños soldados, en el tráfico de drogas y en la explotación sexual comercial. “Estoy trabajando en colaboración con otros premios Nobel y líderes mundiales. Exigimos la creación de un mecanismo internacional de protección social. Durante la pandemia de Covid-19, hemos calculado que con 53.000 millones de dólares anuales se podría garantizar la protección social de todos los niños en todos los países de bajos ingresos, así como de las mujeres embarazadas”, dijo el activista indio Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014. Ante la escasez o directamente falta de redes de seguridad de protección social, la OIT advierte que existe el riesgo de que nueve millones de niños se sumen al mundo del trabajo infantil antes de fin de 2022.
De acuerdo con los planes establecidos, los tiempos para terminar con el flagelo parecen una utopía. Apenas quedarían tres años para la eliminación de todo el trabajo infantil (2025) y solo ocho años para la eliminación del trabajo forzoso (2030). En tanto, ahora en Ginebra, y con un directo enlazamiento entre la guerra y la injusticia social, el director general de la OIT, el sindicalista británico Guy Ryder, abrió la 110ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. «La paz duradera depende de la justicia social, y el logro de la justicia social depende de la paz. Los que recurren a la guerra niegan la justicia social. Y quienes obstaculizan la justicia social ponen en peligro la paz», enfatizó Ryder. Las palabras del gremialista están directamente emparentadas con el conflicto desatado hace meses en Ucrania a partir de la invasión rusa y las consecuencias económicas en varios sectores del planeta, especialmente en lo relacionado con los productos agrícolas y, en consecuencia, con los alimentos, así como con la energía.
Así, el titular de la OIT alertó que es «muy probable que se produzca algo peor» para la economía planetaria. Dijo además “la cooperación internacional” está “bajo una presión considerable y quizá sin precedentes». «Al igual que no se puede tolerar ni debe prevalecer el incumplimiento de la Carta de la ONU mediante una agresión militar, la violación de las normas internacionales del trabajo no debe quedar sin respuesta», añadió Ryder, quien exhortó a los delegados gubernamentales, sindicales y empresariales asistentes a la OIT a demostrar «que el multilateralismo -en esta casa aliado con el tripartismo- realmente funciona». Es que los delegados deben examinar los casos concretos de países que se presenten ante la Comisión de Aplicación de Normas. Al presentar su informe a la CIT, titulado ‘Los países menos adelantados: Crisis, transformación estructural y futuro del trabajo’, Ryder sostuvo que esas naciones son “las que más peligro corren de quedarse atrás.
Así que, si nos tomamos en serio la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos tomarnos en serio a los PMA porque es allí, sobre todo, donde se jugará el destino de la Agenda». Uno de los aspectos a contemplar debería ser la modificación de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, para incluir condiciones de trabajo seguras y saludables, se explicó. La OIT recordó en una comunicación que hay “tres millones de vidas que se pierden cada año a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo”, ante lo cual el dirigente alertó sobre la responsabilidad «clara y evidente» de la organización mundial multilateral de “proteger a los trabajadores contra las enfermedades y lesiones derivadas del empleo”.
Asimismo, habrá “un primer debate sobre el aprendizaje de calidad, con vistas a la posible creación de una nueva norma laboral internacional”, y las comisiones “hablarán del trabajo decente y de la economía social y solidaria, y del objetivo estratégico del empleo como parte del mecanismo de seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa”, indicó la entidad en su página web oficial. Como consecuencia de la continuidad de la pandemia de coronavirus, la conferencia se realiza de manera mixta: con presencia de delegados en Ginebra y asistencia virtual. Las sesiones plenarias se celebran entre el 6 y el 11 de junio. Pero antes de la clausura, el 10 de junio habrá una cumbre de máximo nivel sobre el “Mundo del Trabajo” con el tema “Abordar las múltiples crisis mundiales: Promover la recuperación y la resiliencia centradas en las personas». La Conferencia eligió como vicepresidentes a Ali Samikh Al-Marri (Gobiernos) de Qatar, Alexandre Furlan (Empresarios) de Brasil y Paola del Carmen Egúsquiza Granda (Trabajadores) de Perú. La CIT, dijo Renate Hornung-Draus, vicepresidenta de los Empleadores del Consejo de Administración de la OIT, «tiene lugar en un período de compleja crisis mundial que crea un desafío existencial a las instituciones y tradiciones multilaterales tal como fueron creadas y desarrolladas en el siglo XX y que puede constituir un punto de inflexión hacia un escenario futuro que debe ser configurado de manera proactiva, también por la OIT». «En 2022 nos enfrentamos a las amenazas existenciales de la guerra nuclear, el cambio climático y las pandemias, en combinación con una mezcla tóxica de aumento de la pobreza y la desigualdad, el extremismo, el nacionalismo, la violencia de género y la reducción del espacio democrático», añadió Catelene Passchier, vicepresidenta de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT.
La CIT, conocida también como el ‘parlamento mundial del trabajo’, es la mayor reunión internacional dedicada al mundo del trabajo, a la que asisten representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros de la OIT.
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