CUANDO LA RENUNCIA ES UN PRIVILEGIO – Por Luis Tarullo

Desde tiempos inmemoriales el hombre tiene debilidad por los sofismas, uno de ellos el que dice “todos somos iguales ante la ley”. Claro que, también desde aquellas eras originarias, están las llamadas “honrosas excepciones”, que en muchos casos no tienen nada de honrosas y son privilegios más que excepciones.

Y sucede que también se producen insólitas paradojas, como cuando los ejecutores de la ley son justamente los que pueden eludir ciertas normas que rigen para las mayorías, aún con herramientas lícitas.

El caso de los que imparten justicia es un claro ejemplo de esas contradicciones históricas que no son producto del azar, sino de las conveniencias de los propios hombres afectos a los sofismas.Los jueces, al menos en la Argentina, tienen una serie de prerrogativas que no usufructúan los demás mortales de a pie, aunque el goce de los privilegios siempre se les achaca a determinados estamentos políticos, como los legisladores.

Los magistrados de los tribunales disfrutan desde un libre estacionamiento en cualquier sitio aunque no estén en funciones en esa ocasión hasta la exención del pago del Impuesto a las Ganancias (algo que se trató de enderezar hace un par de años, pero que no alcanza a los que están en ejercicio incluso desde hace décadas).Pero esos atajos se dan en otras circunstancias más graves, como cuando un juez está sometido a un proceso en el que puede ser pasible de un juicio político y, por ende, afrontando hasta su destitución, ya sea por mal desempeño hasta por enriquecimiento ilícito.El juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral vuelve a poner sobre la mesa estas cuestiones, al presentar su renuncia por llegar a los 75 años, lo que, de ser aceptada, le permitirá ante todo gozar de su jubilación tardíamente.

Pero su decisión indudablemente tiene otra motivación: evitar el juicio político, ya que su conducta está siendo analizada por el Consejo de la Magistratura y, si hubiera dictamen a favor de las denuncias en su contra, debería afrontar un Jury de Enjuiciamiento.Canicoba Corral tiene un frondoso currículo con causas importantes en su haber (atentado a la AMIA, presuntos sobornos en el Senado, supuestas anomalías en la explotación de las autopistas) y una impronta que le permitió, como a muchos otros, surfear con éxito entre las olas de los tiempos políticos.

Empezó su magistratura con Carlos Menem y supuestamente la termina con Alberto Fernández, casi 30 años después. Nada despreciable su performance, que incluye un paso por la función pública en el gobierno del dirigente riojano.Siempre es oportuno recordar que Domingo Cavallo, cuando era el superministro de Menem, lo incluyó en la famosa “servilleta” en la cual habrían estado escritos los nombres de los jueces afines al menemismo en aquella época, lo que le costó un desquite del magistrado, que lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso por unas supuestas injurias contra un abogado.

El panorama se torna un poco más brumoso cuando se recuerda que de la gran cantidad de denuncias contra jueces prosperó solo un puñado. De la poco más de una treintena de magistrados acusados que llegó a las últimas instancias en el Consejo de la Magistratura desde su creación en 1994, alrededor de 20 fueron destituidos y el otro tercio renunció, evitando así la expulsión de los tribunales.

Apenas un puñado resultó indemne, al ser absuelto de los cargos. Recordadas son las destituciones de Juan Galeano (el exjuez de la causa AMIA) y del camarista federal Eduardo Freiler, así como la renuncia de Norberto Oyarbide, quien se fue por la puerta grande, tan grande que le entregó la dimisión en mano al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, acto del que quedó el registro de una foto que está en todos los archivos.El expresidente Mauricio Macri, al justificar la aceptación de esa renuncia, dijo en esa oportunidad que tenía el alivio de saber que Oyarbide “no iba a fallar más” como juez, y que el juicio político “es un proceso largo y de resultado incierto, mientras, conserva sus fueros, impidiendo que lo investiguen judicialmente, y además sigue siendo juez”. O sea, vía libre para “zafar” de una posible remoción, aunque debe rescatarse que a partir de ese momento los jueces son simples “civiles” que pueden ser sometidos a la justicia penal, como cualquier hijo de vecino.Y este es otro punto en el que hay que ajustar las clavijas: por la sociedad y las instituciones, las investigaciones del Consejo de la Magistratura sobre jueces acusados de delitos deberían llegar hasta final, cualquiera sea su resultado.

La renuncia es el desvío perfecto de esos imputados especiales para evitar una colisión. Algo a lo que los mortales comunes y corrientes -y en rigor así debería ser con todo el mundo- no pueden acceder. Y que constituye, en definitiva, y a pesar de los impresionantes avances de los derechos en las últimas décadas, un privilegio que, igual que otros, parece atrasar en la misma proporción. (foto crédito Radio Nacional)

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