Acompaña a Luis Tarullo:
El Banco Mundial emitió a principios de octubre un informe en el cual evalúa la realidad económica de América Latina y el Caribe (ALC) tras la pandemia de coronavirus y las perspectivas de futuro, incluyendo una serie de sugerencias que paradójicamente van a contrapelo de lo que postulan muchos gobiernos.
Por ejemplo, esas sugerencias apuntan a los recortes y las soluciones que, como suele decirse, son “pan para hoy y hambre para mañana”, que se promueven desde diversas administraciones.
El ente puso eje en la inversión pública, los impuestos y los ajustes, generalmente innecesarios e inútiles (en este caso sinónimos) en sectores como el de los jubilados, que en muchos países están en el estamento más bajo de la sociedad.
El BM sostuvo que las economías de ALC “recuperaron sus niveles prepandemia y la región recobró cierta sensación de normalidad, aunque la economía debe reactivarse para evitar un nuevo ciclo de bajo crecimiento”.
En ese sentido, ratificó que las salidas más cercanas pueden llegar desde las inversiones sociales y en infraestructura, como “motores clave del crecimiento y la prosperidad compartida”.
Así lo señala el organismo internacional en el informe titulado “Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal”.
La entidad dijo que se calcula que Producto Interno Bruto (PIB) regional crecería 3 por ciento en 2022, una tasa mayor a la prevista con anterioridad por la suba de los precios de las materias primas.
Pero apareció la guerra en Ucrania y entonces la suba de las tasas de interés en los países desarrollados y las presiones inflacionarias tienen impacto en las economías de ALC. De allí que se prevén tasas de crecimiento bajas, de 1,6 por ciento y 2,3 por ciento en 2023 y 2024, respectivamente, parecidas a los bajos niveles de la década de 2010 e “insuficientes para lograr avances significativos en términos de reducción de la pobreza”.
La lucha contra la inflación es una de las más arduas que deben encararse de manera continua para poder lograr otros objetivos y tratar de recrear un círculo virtuoso, advirtió el BM.
“La mayor parte de las economías recuperaron sus niveles prepandemia, pero esto no es suficiente. Los países de la región tienen la oportunidad de reconstruir mejor luego de la crisis y lograr sociedades más justas e inclusivas”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Además de poner en marcha las reformas e inversiones necesarias para acelerar el crecimiento, los gobiernos deben encarar los costos estructurales: los años de escolarización perdidos, las vacunas no suministradas y el impacto diferido de la inseguridad alimentaria que la recuperación del PIB disimula”, comentó además.
Igual se destacó que la región “está bien posicionada para replantear su trayectoria de desarrollo. El empleo prácticamente recuperó sus niveles de prepandemia, las escuelas reabrieron y, con excepciones en el Caribe, la elevada tasa de vacunación contra la COVID-19 permitió el regreso a la normalidad”.
En ese marco, se advirtió que “los costos a largo plazo de la crisis en la salud y la educación deben ser subsanados de manera urgente, tanto para reactivar el crecimiento como para mitigar el aumento en la desigualdad”.
Y acá aparece un elemento que suele mantenerse en bambalinas, o “esconderse debajo de la alfombra”, al cual no suele acceder o comprender diariamente el gran público.
“Manejar la carga creciente de las deudas resultantes de la crisis mientras se genera un margen fiscal suficiente como para realizar inversiones que promuevan el crecimiento requiere de nuevas fuentes de ingresos que deberán ser cuidadosamente analizadas, así como un mejor uso del gasto existente. En promedio, se podría ahorrar el 17 por ciento del gasto público y, en dos tercios de los países, este ahorro serviría para eliminar los actuales déficits fiscales”, dijo William F. Maloney, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“Racionalizar el gasto del sector público es un paso hacia la construcción de gobiernos más eficientes, receptivos y confiables”, remató.
El informe advierte que los países deben evaluar con mucho cuidado sus opciones de gasto público y de política tributaria “para favorecer la equidad y evitar potenciales efectos adversos”.
Pero ello no debe hacerse a lo Pirro o como a menudo se escucha de cierta dirigencia facilista que utiliza eslóganes sempiternos con afán demagógico y con el inocultable objetivo de ganar votos y acceder al poder.
El BM sostiene, según la síntesis de su informe, que “esto incluye mejorar la eficiencia del gasto: en promedio, el 4,4 por ciento del PIB -o 17 por ciento del gasto público- se malgasta en transferencias mal dirigidas, deficiencias en las contrataciones públicas y políticas de recursos humanos ineficientes”.
“Reducir la inversión pública es una forma muy popular de llevar a cabo un ajuste fiscal en ALC. Cerca del 40 por ciento de los ajustes fiscales basados en gasto realizados en ALC dependen primordialmente de recortes en la inversión pública (…) incluso cuando ALC muestra el menor porcentaje de inversión
“En los momentos difíciles, la inversión pública podría parecer un objetivo fácil de recortar, dada su naturaleza flexible y la falta de una base electoral efectiva: sus beneficiarios a menudo se encuentran en el futuro distante. Es decir, recortar la inversión pública, especialmente durante los momentos difíciles, puede llegar a ser políticamente más aceptable que recortar los gastos corrientes, dado que el costo de reducir las inversiones es más difícil de percibir por los votantes. No obstante, recortar la inversión pública puede llegar a tener un costo considerable y reducir el crecimiento a largo plazo”, advierte.
Y añade: “La inversión pública no solo estimula la demanda agregada, sino que también eleva la productividad del sector privado. A diferencia del consumo del sector público, la inversión pública mejora la capacidad productiva de una economía de forma directa al incrementar el rendimiento marginal del capital privado y la fuerza laboral”.
“Con el transcurso del tiempo, esto genera efectos y sinergias positivas tanto en la inversión como en el consumo privados. Asimismo, y en línea con este tipo de razonamiento clásico, cuanto menor sea el stock inicial de capital público, mayores serán los efectos sobre la producción de incrementar la inversión pública. De manera específica, cuando el stock inicial de capital público es bajo, como es el caso en ALC, la productividad marginal de una unidad adicional de inversión pública es elevada. Con la ayuda de inversión privada adicional, esta inversión pública derivará en multiplicadores de la inversión pública más altos”, sostiene además.
Asimismo, alerta que “otro objetivo habitual de recorte, en especial durante épocas de inflación elevada, son las transferencias sociales: básicamente aquellas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones (…). En los países industrializados, este tipo de gasto es bastante rígido en términos reales (luego de inflación) ya que está indexado automáticamente a la inflación. No obstante, en muchos países en desarrollo estos mecanismos automáticos de indexación de jubilaciones no se encuentran implementados. Esta ausencia, junto con una inflación de moderada a alta, hace que esta fuente de ajuste fiscal sea muy tentadora para muchos gobiernos dada la elevada proporción que significan las jubilaciones en el gasto total”.
“Este tipo de ajuste fiscal en ALC es en gran parte regresivo, dado que la mayor parte de los jubilados de la región tienen ingresos muy bajos, a diferencia de los jubilados en la mayoría de los países industrializados. Asimismo, el impacto negativo sobre la actividad económica de recortar las transferencias sociales es elevado a corto plazo dado que los multiplicadores de las transferencias sociales son bastante grandes en ALC”, afirma el BM.
Lapidaria es la sentencia del informe que dice que “como ya se discutió en muchos canales mediáticos de política e investigación, el despilfarro y las ineficiencias del gasto público corriente en ALC son significativos y podrían, en teoría, reorientarse hacia prioridades con mayores rendimientos económicos o sociales”.
“En síntesis, la evidencia sugiere que existe un margen considerable en la mayoría de los países de ALC para reducir el despilfarro y mejorar la eficiencia del gasto del sector público. Estos esfuerzos recaen ante todo sobre los gobiernos de la región. En promedio, alrededor del 17 por ciento del gasto total se despilfarra o no se asigna correctamente a los grupos más vulnerables. Las medidas que apunten a reducir el despilfarro y promover la eficiencia no tendrán efectos negativos significativos sobre la macroeconomía y, más aún, pueden contribuir a restablecer la confianza social”.
En cuanto a las reacciones de los sectores que se sientan afectados por las vicisitudes de los vaivenes económicos, muchas veces generados por los gobernantes, el BM advirtió que “en un marco de tensiones sociales crecientes, la búsqueda de alternativas de ajuste ‘sin costos’, que no recorten beneficios ni inciten el descontento social, serán cruciales para los gobiernos de la región, sobre todo tomando en cuenta la forma en que las brechas sociales se agrandaron durante la pandemia”.
Y también alertó sobre la política tributaria: “Si bien las subas de impuestos son una alternativa válida, los gobiernos, particularmente en aquellos países donde la carga tributaria ya es elevada, deben ser cuidadosos de cara a una respuesta potencialmente significativa en términos de distorsiones macroeconómicas y de mercado laboral. Esto es algo sumamente importante en una región que históricamente ha utilizado las subas de impuestos como instrumento de ajuste fiscal”.
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