Acompaña a Luis Tarullo:
Que la pandemia de coronavirus tuvo innumerables consecuencias negativas en la población mundial no es ninguna novedad. Pero cuando se realiza un análisis puntilloso, una de las áreas más afectadas es la de la salud mental, con su derrame para del resto el funcionamiento del ser humano.
En 2020, en los países de las Américas durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron 35% y los trastornos de ansiedad se incrementaron 32%, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Según el organismo, «el 65% de los países informaron interrupciones en los servicios esenciales de salud mental y consumo de sustancias en 2020. Esta cifra ha disminuido al 14% a principios de 2023».El director de la OPS, Jarbas Barbosa, instó a quienes tienen el poder de decisión a que la salud mental tenga prioridad en sus agendas. El funcionario dijo recientemente que «la salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19 y por sus efectos sobre nuestras vidas, economías y sociedades».Lo sostuvo al presentar el informe Una nueva agenda para la salud mental en las Américas, elaborado por la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la OPS.
El problema representó históricamente un segmento importante de discapacidad y mortalidad en la región, pues, según las estadísticas, significó casi un tercio de todos los años vividos con una discapacidad. Pero la pandemia, se estableció, «aumentó aún más los factores de riesgo de los problemas de salud mental, como el desempleo, la inseguridad económica y el duelo y la pérdida».
A pesar de lo que implica, la mayoría de los que padecen algún tipo de condición «no reciben la atención que necesitan. En 2020, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento».
Barbosa aclaró que la falta de atención obedece también a factores previos a la pandemia, como la escasa inversión en el área, ya que según los estudios sólo el 3% de los presupuestos de salud de los países se destina a la salud mental.
Asimismo, la dependencia de la hospitalización de larga duración cuando muchos de los problemas de salud mental pueden resolverse con atención en la comunidad; la escasez de personal capacitado en esa materia y el acceso reducido a los servicios para las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
La Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19, establecida el año pasado, e integrada por 17 expertos de gobiernos, sociedad civil, el mundo académico y personas con experiencia de vida en salud mental, elaboró un reporte con ítems para la OPS para promover la salud mental en la región durante y tras la pandemia.
En ese marco se hicieron las siguientes recomendaciones: elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional, integrar la salud mental en todas las políticas, aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental, garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental y promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida.
Asimismo, mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario, fortalecer la prevención del suicidio, adoptar un enfoque trasformador frente a las cuestiones de género en pro de la salud mental, abordar el racismo y la discriminación racial como determinantes de la salud mental y mejorar los datos y las investigaciones sobre la salud mental.
Epsy Campbell Barr, presidente de la comisión, sostuvo que «invertir en salud mental es crucial para promover un desarrollo humano equitativo y sostenible que permita a todos vivir con bienestar y dignidad». Y añadió: «La carga de la salud mental no es una lucha privada, sino una crisis de salud pública que justifica una acción urgente e inmediata.”
Néstor Méndez, copresidente de la comisión y director adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó a esa iniciativa como «un faro de esperanza, una hoja de ruta para el cambio en la forma en que vemos, tratamos y priorizamos la salud mental en las Américas. Ahora está en nuestras manos cambiar la forma en que abordamos la salud mental, especialmente tras una crisis mundial que la ha afectado profundamente».
La OPS detalló en este marco, además, que casi una tercera parte de todos los años vividos con discapacidad (AVD) y una quinta parte de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) «se deben a enfermedades mentales, neurológicas, consumo de sustancias y suicidio».
Puntualmente, destacó:
-Los trastornos depresivos y de ansiedad son la tercera y cuarta causa de discapacidad.
-El alcohol es responsable del 5,5% de todas las muertes en las Américas.
-Las Américas es la segunda región con mayor consumo de alcohol del mundo.
-El suicidio se cobra la vida de casi 100.000 personas al año en la región.
-La tasa regional de suicidio ajustada por edad aumentó un 17% entre 2000 y 2019.
-Ocho de cada diez personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento.
-En 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%.
-El 65% de los países informaron interrupciones en los servicios esenciales de salud mental y consumo de sustancias en 2020. Esta cifra ha disminuido al 14% a principios de 2023.
Es evidente, ante las estadísticas y las evaluaciones de la OPS, que la salud mental merece un abordaje profundo y definitivo en la región.
No solo por el derecho de las personas a tener una adecuada atención en ese como en otros aspectos de la salud, sino por lo que significa en el funcionamiento pleno de lo podría llamarse la «maquinaria humana» individual y, por ende, de las familias y, desde allí, de las sociedades en conjunto.
Crédito Portada Gaceta Médica
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