Acompaña a Luis Tarullo:
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El Gobierno acaba de alumbrar otro plan, esta vez relacionado con un nuevo cambio en el sistema para el cálculo de los aumentos en las jubilaciones y pensiones.
En rigor, el proyecto es el regreso a los conceptos fundamentales que estableció el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 y se mantuvo casi una década, hasta que lo modificó el macrismo.
En ambos casos se establecieron combinaciones de porcentajes de variables de la economía y de la gestión fiscal, como índices de inflación, de aumento de salarios de trabajadores en blanco y de recaudación.
Obviamente hay números y opiniones para todos los gustos. El macrismo denostó el sistema que derogó para imponer el propio y el peronismo hizo lo propio, al punto que lo plasmó en la llamada Ley de Solidaridad que aprobó apenas asumió en diciembre pasado.
Estaba pendiente el nuevo esquema de cálculo, que ahora vio la luz y que el oficialismo pretende aprobar lo más rápido posible, junto con otras iniciativas a las que dio forma recientemente.
Pero en realidad el problema no es solo el porcentaje, sino la realidad del sistema previsional argentino, que alguna vez fue señero y ejemplo para otros países pero que desde hace muchos años está en crisis, como lo está en esas otras naciones.
Encima la Argentina no se caracterizó por la homogeneidad en ese aspecto, ya que basta solo recordar lo que hizo el Gobierno de Carlos Menen en los ‘90, cuando mantuvo una sombra del tradicional sistema público e impuso lo que se conoció como “jubilación privada” o “régimen de capitalización”, que si bien permitió al trabajador tener un control periódico sobre sus aportes en realidad fue un gran negocio para bancos y administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Luego, tras la crisis del 2001 y el arribo del kirchnerismo al poder, el sistema fue “reestatizado” y los fondos y aportes retornaron a las arcas públicas.
En cuanto a la sostenibilidad de estos esquemas, hay que decir sin temor a errores que en una mayoría de países están en crisis, sean estatales, privados o mixtos, afectados por variables económicas y sociales diversas, desde inflación hasta merma de salarios, envejecimiento poblacional y cambios demográficos.
Uno de los puntos visibles que ponen en jaque el mantenimiento de las cajas jubilatorias es el desequilibrio entre trabajadores activos y pasivos y la influencia del empleo en negro o no registrado, lo que significa ningún aporte para los futuros retiros.
La inflación y los costos de la seguridad social y la salud son otros factores que, combinados con los demás, constituyen un cóctel que inflige heridas severas a los diversos regímenes.
Por ejemplo, en Estados Unidos la situación va en declive también y más del 20% de la población está trabajando aún después de los 65 años.
El acceso a la jubilación, o sistema de pensiones, como se le llama allí y en muchos otros lugares, es a partir de los 62 años, pero la mayoría de la gente estira el retiro hasta los 67 años para cobrar el máximo de sus jubilaciones, que igualmente cubre solo una parte de sus necesidades económicas.
Se debe mantener el 80% de los ingresos para no empobrecer, por lo que los trabajadores deben compensar con otros planes promovidos por las propias empresas en las que trabajan.
La clase media en Estados Unidos es las más desfavorecida a la hora de cobrar la jubilación.
Cálculos de los últimos tiempos dicen que el trabajador medio, que gana menos de 40.000 dólares al año, no puede ahorrar lo suficiente para su jubilación.
Entre 40.000 y 150.000 dólares anuales, llegan a ahorrar en promedio unos 60.000 dólares, insuficiente para llegar al 80% de los ingresos de los activos. El nivel óptimo de ahorro se empieza a alcanzar a partir de los 200.000 dólares de sueldo anual.
A este ritmo, los especialistas calculan que la Seguridad Social en Estados Unidos se quedará sin fondos para pagar las pensiones completas en 2035.
Esta debacle se estima que comienza justamente en este 2020 que está concluyendo. Las estadísticas dicen que a mediados de los ‘80 la Seguridad Social en Estados Unidos recaudó casi 22 billones de dólares y pagó unos 19 billones.
Desde el año que viene se tendrá sacar de la arcas de la Seguridad Social unos 3 billones de dólares con que cuentan los fondos que componen el sistema de pensiones y de programas para personas discapacitadas.
Y a partir de 2035, dentro de solo 15 años, si no hay cambios en el sistema, existe el riesgo de que las reservas se agoten y ya no se pueda pagar los planes en su totalidad.
El fondo de pensiones colapsaría ese año y el sistema para discapacitados podrá pagar un poco de tiempo más, hasta 2052.
El costo para 2035 de los dos programas será el 11,6% del PBI de Estados Unidos.
En Alemania la cosa no es mucho más halagüeña, ya que es algo habitual que los jubilados trabajen a tiempo parcial mediante los llamados “minijobs”, trabajos con una paga máxima de 500 euros y libres de impuestos.
Los trabajadores alemanes cotizan al sistema de pensiones públicas en su vida laboral activa y después su pensión se calcula por puntos. Además, Alemania no tiene en cuenta los últimos años laborales en su cómputo.
Hay complementos formados por el sistema de planes de empresa y los de pensiones individuales, que están dando cobertura al 71 % de la población.
En Holanda el sistema tiene tres patas: una pensión pública mínima financiada con impuestos y con modelo de reparto; un esquema de planes colectivos de empresa obligatorio para todos los trabajadores y compañías (a través de negociación colectiva en el que el empleado aporta aproximadamente un tercio del capital y el resto lo hace la empresa) y los planes de ahorro privados, que son totalmente voluntarios con ventajas fiscales.
En Francia el régimen es un sistema obligatorio de reparto que incluye una pensión mínima contributiva de hasta el 50 % de la renta media de los mejores 25 años cotizados (no los últimos) y una pensión complementaria que gestionan sindicatos y empresas.
El cálculo se hace por puntos que el trabajador va sumando a lo largo de su vida laboral. Los que no logran el mínimo pueden acceder a una pensión asistencial no contributiva. Los galos también pueden acceder a planes de pensiones privados y otros instrumentos de ahorro, aunque ninguno obligatorio.
Austria es un caso en el que se usa un modelo de gestión de las prestaciones sociales que se denomina “mochila austríaca”. Es un fondo de capitalización a lo largo de la vida laboral: la empresa retiene un porcentaje del salario del empleado que destina a una caja común para su administración e inversión.
Este dinero está destinado a la jubilación pero puede apelarse a él en caso de despido.
En cuanto a Suecia, el esquema está dirigido a la inversión. El Estado pone a disposición de los trabajadores alternativas de fondos donde poner ese dinero de la jubilación y uno de ellos es el fondo soberano sueco. Si el trabajador no escoge ninguna opción, el dinero va al fondo sueco.
El punto es que el llamado fondo soberano sueco debe obtener buenos resultados. Allí hay cuentas virtuales individuales donde se depositan los aportes de cada trabajador. A las cotizaciones públicas, obligatorias, se suman los fondos de pensión de empresa y el ahorro individual.
Otro país nórdico, Noruega, tiene también un fondo soberano. Retiene el 18 % de los salarios que destina a armar la jubilación. Al final, el monto dependerá de los años trabajados, del salario, de cuándo se empiece a cobrar y de la esperanza de vida del país.
Noruega permite cobrar jubilación y trabajar al mismo tiempo. Por eso muchas personas retrasan al máximo el momento de la jubilación mientras otras los adelantan y siguen trabajando más allá de la fecha límite legal de su retiro.
Otro país, Japón, es una de las muestras de uno de los aspectos sumamente negativos que conspiran con los sistemas jubilatorios: una población envejecida en la que cada vez hay menos trabajadores que deben pagar más pensiones.
Los japoneses tienen tres ramas: autónomos, trabajadores forestales, de la pesca, agricultores y desempleados; empleados de empresa inscriptos en el seguro de pensiones para empleados y cónyuges dependientes de los anteriores.
Los primeros y segundos tienen derecho a la pensión de jubilación nacional, que es mínima, aunque los segundos sumarán la pensión de jubilación para asalariados, a la que pueden acceder a los 65 años con una cotización mínima de 10 años.
A ello se suma la inversión privada a través de los planes de pensiones de empresas, nacionales para autónomos y de pensiones definidos, que serían los planes privados.
Australia obliga a las empresas a tener sistemas de capitalización para la jubilación. Se supone un aporte del 9 % del salario de los trabajadores, que va a la red de fondos de pensiones del país.
Pero solamente los que no han generado ahorro privado suficiente reciben una pensión pública. Esta pensión pública es del 28 % del salario medio. Y 20 % de los australianos invierte por su cuenta en algún sistema privado.
Holanda, Alemania, Dinamarca y Finlandia son los sistemas de pensiones mundiales mejor valorados por algunas firmas de análisis especializadas, mientras Suiza, Islandia, Noruega y Suecia lo son para otros consultores.
España, también contemplado para ejemplo y comparación, está en el puesto 31, por debajo de otros Estados europeos.
La natalidad española es de las más bajas del mundo y el sistema de reparto, basado mayormente en pensiones públicas, son las principales trabas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En la región sudamericana, Chile tiene un sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Son entidades financieras dedicadas de forma exclusiva a administrar ahorros para la pensión, proveer el pago de pensiones y otras prestaciones previsionales, como los llamados Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
El sistema de pensiones en Brasil tiene un sistema de reparto obligatorio llamado Regime Geral de Previdência Social (RGPS) y están también Fondos de Pensión Privados, que proporcionan sistemas voluntarios complementarios financiados, administrados en planes cerrados y abiertos.
En Uruguay hay un sistema mixto de aportes. Por un lado a través del Banco de Previsión Social (BPS) y por otro uno complementario mediante las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
En Paraguay también hay sistema de reparto que obviamente se puede combinar con esquemas de ahorro privados. El Instituto de Previsión Social (IPS) es el encargado de pagar prestaciones por jubilaciones y por salud.
En síntesis, como puede verse, es tiempo de salir de la discusión doméstica signada por la también doméstica grieta de corto alcance para el análisis.
Los sistemas están en crisis, en mayor o en menor medida, o en medio de evaluaciones de cambio en casi todo el mundo, y vale preguntarse por qué Argentina debería ser la excepción. Como dice el viejo y sabio refrán, lo más apropiado es tomar al toro por las astas y dominarlo de una vez por todas. Porque si así no ocurriera, en un plazo no muy lejano el toro embestirá con toda su furia y entonces ya no habrá solución para lo irreparable.
Crédito Imagen Portada, El Territorio.
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